Chantaje de La Vanguardia / Gobierno español a los soberanistas

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Conde de Godó i Grande de España; Jordi Juan, director

«La Vanguardia», en el artículo «Los indultos y la DUE» de su director Jordi Juan convertido en portavoz del Gobierno español, chantajea al soberanismo / independentismo catalán democrático y pacífico.

1. El lenguaje del breve texto jordijuanlista le delata. Menciona seis veces la palabra «indultos», seis, y ni una sola vez la amnistía que es exigida por el soberanismo y otros sectores democráticos de Catalunya, de España y de todo el mundo. El director del diario de los Godó escribe «presos independentistas catalanes», nunca exiliados y presos políticos catalanes. Se refiere a los líderes que se «autoexilian», no los que se exilian.

2. El chantaje periodístico / político consiste en exigir a los soberanistas que renuncien al ejercicio del derecho de autodeterminación y a un estado catalán en forma de república si quieren ser indultados y que haya una reforma del antidemocrático Código Penal.

3. En cambio, Jordi Juan justifica la política del Gobierno. Afirma -¿quien se lo dice? -que el Gobierno de Pedro / Pablo es sensato, posibilista y quiere aplicar los indultos algún día y «con suma cautela». El director de «La Vanguardia» puede escribir lo que quiera, al fin y al cabo todo el mundo es prisionero de sus condicionamientos, pero se debe exigir al Gobierno español marcado por los GAL que si quiere ser un estado de democracia plena debe renunciar al 155, facilitar de inmediato el regreso de los exiliados, la liberación de los presos, el fin de la represión, el cierre de las cloacas del estado y de las cavernas mediáticas. También se ha de investigar al campechano fugado por oscuros asuntos financieros y de faldas que perjudica aún más la credibilidad de la monarquía borbónica impuesta por el dictador Francisco Franco.

4. Un Gobierno y unos medios de comunicación son democráticos si promueven y defienden los derechos y las libertades de todas las personas y de todos los pueblos, incluido el pueblo catalán. Incluso la propia Constitución española, a la que tanto se refieren hipócritamente los auto denominados «constitucionalistas», debe ser interpretada y aplicada según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 10.2 y 96.1).

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