Cansancio general … por el régimen posfranquista

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El sistema judicial español derroca al president catalán por colgar unas pancartas de contenido constitucional

1. ¿Cansancio general por las pancartas a favor de la libertad de los presos políticos y los exiliados y la libertad de opinión y expresión según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, colgadas por Quim Torra en el balcón del Palau de la Generalitat, presidente ahora inhabilitado o, mejor, derribado ?.

2. Otros atribuyen el cansancio general al agotamiento del actual régimen posfranquista. Un régimen que tiene sus raíces en el franquismo. Una monarquía impuesta por el dictador Francisco Franco. Una familia real que no es ejemplar. Un campechano huido y escondido para asuntos económicos y de faldas. Un sistema judicial desacreditado internacionalmente. Existencia de presos y exiliados políticos perseguidos por el régimen como peligrosos criminales violentos pero que son respetados como demócratas pacíficos en Europa donde viven. Mantenimiento de la represión judicial y policial, y también de las cloacas del estado y de la caverna mediática. Fracaso del autonomismo castrado y de un federalismo que nunca ha existido. Manipulación de los autoproclamados constitucionalistas que esconden que la legalidad establecida y la Constitución (artículo 10.2) debe interpretarse obligatoriamente de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

3. El president Torra ha colgado unas pancartas que defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, al menos teóricamente, debería ser asumida por la Constitución española. Pero, ay, resulta que el sistema judicial español condena el president de Catalunya por colgar una pancarta de contenido constitucional. ¿Es que la Constitución es partidista, sectaria, no neutral?

4. «Inhabilitar el presidente Torra por una pancarta es exagerado y me parece una provocación a una situación ya bastante complicada. Se ha de respetar siempre las decisiones de la justicia. La junta electoral, sin embargo, no es un órgano exactamente judicial sino administrativo». Palabras de Manuel Castells, ministro de Universidades.

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