Puigdemont i Junqueras tienen que estar en la mesa de negociación España / Catalunya

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1.- Carles Puigdemont, presidente y eurodiputado, y Oriol Junqueras, vicepresidente, deben participar en la mesa de diálogo (negociación?) entre los Gobiernos de España y Catalunya aunque sea vía telemática desde Waterloo y la prisión de Lledoners. Así se vería si el presidente Pedro Sánchez tiene voluntad de diálogo, negociación, pacificación y entendimiento sobre las cuestiones que afectan a Cataluña, incluida la amnistía y la autodeterminación.

2.- Puigdemont ha referido a esta negociación en la carta que hizo pública después de que ERC y Junts firmaran el acuerdo de Govern. «Como herramienta de presión -explica- porque el estado negocie, que es el objetivo que ahora mismo se ha acordado dentro del independentismo, a mí me parece mucho más eficaz plantarse en la mesa con la fortaleza de victorias rotundas conseguidas en todas las elecciones precedentes, que no desde una posición dividida y enfrentada (…) Sabemos que el Estado no tiene ninguna voluntad de abordar con honestidad y ganas un proceso de negociación como el que se esperaría en una democracia consolidada»

3.- También se afirma en el acuerdo de Govern ERC / Junts: «Compartimos la apuesta por el diálogo y la negociación política para resolver el conflicto político existente así como la necesidad de una confrontación cívica y pacífica para forzar el estado a asumir la realidad hasta ahora negada».

4.- La negociación y la confrontación planteadas por el Govern ERC / Junts son las dos caras de la misma apuesta por la democracia. La otra cara es la represión que el régimen español y su Gobierno mantienen sistemáticamente contra el soberanismo catalán democrático y pacífico.

5.- Moncloa debería aplicarse lo que, de manera tramposa, exige a la parte catalana como es el cumplimiento de la ley. El Gobierno, sin embargo, tiene unos límites que no puede traspasar. Debe dejar de violar la legalidad. El Gobierno español no debe tergiversar la Constitución y debe reconocer que la amnistía es posible porque ningún artículo del texto constitucional la prohíbe. El Gobierno de Pedro Sánchez debe cumplir la Constitución y, en consecuencia, debe desmantelar las cloacas del estado y la guerra sucia. El Gobierno español viola la legalidad porque incumple la ley 1977 / 107.33 contenida en el BOE (Boletín Oficial de Estado) que asume el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas que establece que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación». El Gobierno español también debe dejar de vulnerar el artículo 10.2 de la Constitución que exige la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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