Gobierno español acosado. El espionaje está penado y viola los derechos humanos

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El Gobierno PSOE / Podemos, de Pedro Sánchez / Pablo Iglesias, está acosado por el espionaje que realiza o tolera la práctica contra los soberanistas catalanes porque viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está penado con prisión por el Código Penal.

1. El espionaje en España como el descubierto ahora, gracias sobre todo a una investigación periodística de The Guardian, atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 12 establece: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada ni en la de su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra estos atentados».

2. El espionaje está penado por el Código Penal. Su artículo 197.1 establece: «El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apode de sus papeles, cartas, Mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, trajsmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigada con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro mese «.

3. Todo huele a podrido en el régimen español y en el PSOE. Régimen de los GAL (terrorismo de estado) … ¿no Felipe González y José Borrell? Régimen del espionaje en el restaurante La Camarga … ¿no José Zaragoza, Eva Granados y Miquel Iceta? Régimen del episodio de unos mozos de escuadra que el 10 de noviembre del 2019 (crónica de David Marin a ElPuntAvui) descubrieron unos individuos que hacían un seguimiento al presidente Quim Torra. Cinco identificaron como agentes del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué hacían allí? No se sabe porque el Ministerio de Interior no lo dice y, de hecho, niega haber enviado nadie. ¿Qué hacían? ¿Iban solos? ¿Están ya sin control? La delegación del gobierno español es quien gestiona la actuación de los cuerpos policiales del Estado en Catalunya. Al frente hay Teresa Cunillera (PSOE).

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