Illa e Iceta con PP, Cs, VOX en una manifestación ultra contra el sobiranisme català

Salvador Illa, candidato de la Moncloa en las elecciones del 14F en la, según ellos, «región catalana», transgrede un decálogo ético político. ¿O no? Lectores y ciudadanía, no los jueces españoles, tienen el voto y la palabra.

1. Salvador Illa debería ser partidario de una negociación entre los Gobiernos de España y Catalunya en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero él sólo se refiere a diálogo y ley. Dialogar no es negociar. ¿Y si la ley es injusta e inhumana? ¿Era posible un auténtico diálogo bajo la legalidad franquista? Illa esconde que incluso la Constitución española debe ser interpretada y aplicada según la mencionada Declaración (artículo 10.2) que reconoce los derechos y libertades de todas las personas y de todos los pueblos, incluido el catalán.

2. Illa debería defender la democracia por encima de cualquier unidad, sea del régimen español o de la dictadura china, impuesta a la ciudadanía y a los otros pueblos. La única vía democrática y civilizada para resolver este conflicto es el de las urnas y el respeto a los derechos de opinión, expresión y manifestación.

3. Illa debería haber defendido en el pasado y debería hacerlo a partir de ahora las urnas y la buena gente que vota. Urnas y votos nunca son delito en una democracia. Tendria que estar en contra de la intervención policial española del 1 de octubre y de la aplicación del represivo 155.

4. Illa debería expresar su desacuerdo con el elogio de Pedro Sánchez al «sentido de estado» de ultraVOX. Un elogio que justifica el sentido de estado de la dictadura franquista que tenía el objetivo, entre otros, de liquidar la nación catalana.

5. Illa debería sumarse al catalanismo político y defender la lengua catalana perseguida por el franquismo y por el post franquismo actual. En cambio, le parece bien que el catalán, como el vasco y el gallego, esté prohibido en el Congreso y el Senado de España mientras que, en contraste, el castellano es empleado como el catalán en el Parlament de Catalunya. La convivencia lingüística se rompe en las instituciones españolas, no en las catalanas.

6. Illa debería respetar la palabra dada y ser fiel al federalismo, al menos teórico, de su partido. El PSOE, sin embargo, no ha federado nunca nada ni desde la oposición ni desde el Gobierno. Al contrario, ahora practica una anti histórica ultracentralització. Y en los programas que envía a las casas durante la campaña electoral no hay ninguna mención al federalismo, ni al confederalismo, ni al autonomismo. Sólo se ataca el soberanismo catalán democrático, pacífico y legítimo.

7. Illa debería respetar su compromiso republicano, pero ni defiende la República española ni menos la República catalana. Las desprecia. Él y su partido son serviles sirvientes de la desacreditada monarquía borbónica impuesta por el dictador Francisco Franco en la persona de Juan Carlos I, padre de Felipe VI.

8. Illa, nefasto ministro de Sanidad, debería haber actuado bien para combatir el coronavirus con recursos económicos, pero ha destinado miles de euros a avalar el campechano fugitivo por oscuros asuntos financieros y de faldas.

9. Illa debería hacer gestos y actuaciones de humanidad a favor de los presos y exiliados políticos en bien de la convivencia que predica. Los exiliados son considerados demócratas y pacíficos en la Unión Europea donde viven en libertad, pero serían tratados como peligrosos criminales violentos bajo el régimen español. ¡Qué contraste! La convivencia es imposible sin el retorno de los exiliados, la liberación de los presos, el fin de la represión, el cierre de las cloacas del estado y la amnistía.

10. Illa debería pedir perdón y poner fin a la propaganda que lo presenta como la vacuna contra el virus soberanista. También su compañero Josep Borrell, en un mitin ultra de Sociedad Civil Catalana, animó a desinfectar Catalunya para liquidar el soberanismo. Los terroríficos mensajes de Illa y Borrell sobre vacunar y desinfectar son vergonzosos. Hacen temblar los judíos que tienen familiares y amigos que, en cumplimiento de la legalidad establecida, fueron gaseados en los campos de concentración.